- En el proceso electoral 2017 – 2018, 912 hombres y 652 mujeres con discapacidad, fueron capacitados como funcionarios y funcionarias de casilla, acorde con el INE.
- No se ha respetado el Derecho Universal a la Información de las Personas con Discapacidad, acorde con la Asociación Civil “Los Dos Méxicos”.
- La efectividad del INE en relación a la inclusión de las personas con discapacidad, está en un 26%, según la Asociación Civil “Voces Laguna”.
Con el objetivo de que las autoridades electorales estén obligadas a garantizar los derechos a votar y ser votados de las personas con discapacidad, la Senadora Claudia Anaya presentó una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ante el Senado de la República.
La reforma planteada, contempla la obligatoriedad de medidas administrativas para que todas las personas con discapacidad, tengan certeza de que no serán objeto de discriminación, tendrán todas las herramientas y apoyos necesarios para conocer las plataformas electorales y compromisos de campaña de los candidatos, poder sufragar, participar en la organización de los procesos electorales locales y federales, así como ser propuestos como candidatos a puestos de elección popular en los distintos partidos políticos nacionales, demandas que han sido planteadas y reiteradas por este sector a través de asociaciones civiles, partidos políticos y foros.
Entre las propuestas que la Senadora Anaya plantea, resaltan: Garantizar condiciones de igualdad de oportunidades y equidad para que los electores con discapacidad ejerzan por sí mismos sus derechos político – electorales, identificar a los electores con discapacidad que requieran facilidades para ejercer su sufragio, considerar los mecanismos necesarios para que quienes adquieran una discapacidad, avisen a las autoridades electorales y que en la credencial de elector, tenga una observación relativa a que es persona con discapacidad.
El objetivo de esta reforma, es armonizar nuestra legislación electoral con el artículo 29 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU que entró en vigor el 3 de mayo de 2008 y del cual, México forma parte.
Esta propuesta atiende formal y legalmente las recomendaciones que realizó en 2014 el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, donde subrayó la necesidad de reforzar la participación en la vida política y pública de este sector social.
Con información de http://pulsodelsur.com/noticias/va-claudia-anaya-por-mas-derechos-politico-electorales-para-las-personas-con-discapacidad/